El denominado compliance, que no deja de ser un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones empresariales para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, fue objeto ayer de la última sesión del curso del Foro Economía Sociedad que promueve la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (Asfaco) con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Así, los expertos Irene Rubio y Francisco Javier Bernabéu expusieron las ventajas que tiene para las empresas la aplicación de esta medida e incidieron en que la entidad “gana reputación” y que incluso le abre puertas en su interrelación con otras.
Así, Rubio defendió que el compliance debe formar parte de la nueva cultura empresarial, ya que ofrece ventajas desde el punto de vista legal y de relación con los trabajadores, además de que supone “un atractivo” para la captación de altos directivos.
Mientras, Bernabéu incidió en que “las empresas tienen que creérselo” antes de poner en marcha estos cumplimientos y que una vez en práctica suponen un reconocimiento. Así, abogó por la “cultura del cumplimiento empresarial” y señaló que se trata de medidas que también pueden desarrollarse en un tejido empresarial como el de Córdoba, donde predominan las pequeñas y medianas empresas.
El Foro Economía y Sociedad fue presentado por el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, quien defendió el nivel de las empresas cordobesas e invitó a sus responsables a que se mentalicen de que la aplicación de estas prácticas de cumplimiento “como una inversión y no como un gasto”.
Los conferenciantes contestaron además a las preguntas del público en un debate que fue moderado por Juan Ruz, director de el Día.
Noticia publicada en EL DÍA DE CÓRDOBA

El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ofreció ayer la conferencia El cooperativismo de crédito, origen, evolución y situación actual, en un acto que fue presentado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, dentro del Foro Economía y Sociedad organizado por Asfaco.
Noviembre se va a marchar sin atisbo de grandes precipitaciones y la situación de alerta fijada para la cuenca hidrográfica del Guadalquivir en el sistema de regulación general se aproxima al nivel de emergencia, lo que aumentará el paquete de medidas para mitigar su impacto con principal protagonismo para los regadíos. Todo ello en base a unos indicadores como el volumen almacenado en las presas, las aportaciones fluviales, la lluvia y el nivel de aguas subterráneas.
La construcción sostenible de embalses y trasvases entre cuencas. Esa es una de las propuesta que ayer lanzó el presidente de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), el cordobés Andrés del Campo, en su ponencia en el Foro Asfaco. Bajo el título La sequía: efectos y medidas para su mitigación, del Campo precisó que «si no fuera por los embalses actuales difícilmente se hubieran podido mantener los ratios de consumo de agua ante la falta de lluvias. Como dato curioso, en el caso de la demarcación del Guadalquivir, en los 17 años del siglo actual, el promedio de precipitaciones en la cuenca se situó en 590 litros por metro cuadrado y año, un 6,3% menos que la media del siglo anterior. Del Campo añadió que, «aunque resulte una medida impopular entre determinados sectores políticos y ecologistas», la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas permite tener agua garantizada tal y como ha ocurrido en estos tres años. «Sin reservas, el agricultor se ve obligado a apostar por cultivos de secano en zonas de regadío, lo que reduce sus ingresos brutos, la diversidad de las producciones y genera además pérdida de competitividad y de cuota de mercado», indicó.
El catedrático de Derecho Administrativo y académico pozoalbense Santiago Muñoz Machado aseguró ayer durante su conferencia dentro del foro Economía y Sociedad, organizado por Asfaco, que «no cabe reformar la Constitución para permitir un referéndum secesionista» y que ante ello solo cabría iniciar un proceso constituyente y hacer una nueva Carta Magna distinta a la del 78.